La nena saluda a sus compañeritos, que en forma ordenada empiezan a salir del aula. Termina un día de escuela normal. O casi. Antes de que salga por la puerta, la nena es frenada por una de las autoridades del preescolar, y con un alfiler se le coloca en el frente del guardapolvo una factura impaga de la cuota escolar, de 150 pesos.

Detalles más o menos, esto ocurrió el viernes pasado en un jardín de infantes en Salta, más precisamente el jardín Crear ubicado en el barrio Intersindical de esa ciudad norteña.

La noticia corrió como pólvora desde los medios locales hasta los nacionales, pero lo interesante es que el hecho no se conoció, en primer lugar, por una denuncia de los padres de la nena o de la comunidad educativa de la escuela. El origen de la denuncia tiene mucho de fortuito: cuando la menor estaba en el colectivo rumbo a su casa en compañía de su hermano mayor, otra pasajera advierte el cartel con la deuda, colgando ofensivamente del delantal de la nena y saca una foto con su celular. Al rato, la mujer sube la foto a su cuenta de Facebook y envía la imagen con un comentario al diario local El Tribuno. A partir de allí la historia se desarrolla por los carriles lógicos.

La noticia genera un repudio inmediato y a la mañana siguiente, la Dirección General de Inspecciones y la Defensa del Consumidor (se trata de una escuela de gestión privada) se presentan en la puerta del jardín sin lograr que ninguna autoridad les abra. En declaraciones a los medios presentes en el operativo, María Pía Saravia, autoridad de la Defensoría, afirmó que “son prácticas abusivas que a veces tienen las empresas. Se llama ´trato indigno´, no se puede someter a ninguna persona, en este caso mucho más grave porque es un niño, a ninguna humillación, o vejación”.

Finalmente, ante la ausencia de respuesta la institución fue cerrada provisoriamente hasta tanto sus dueños y directivos no realicen un descargo ante las autoridades oficiales.

A partir de este hecho, se sumaron otras denuncias contra el jardín Crear todas vinculadas con situaciones de presión por el atraso en los pagos. Sin embargo no se trata de un anomalía infrecuente. Según se reconoció el secretario general del gremio de docentes privados SADOP, “a fin de año varios padres se acercan al gremio y plantean que se niegan a otorgarles el pase a su hijos por una deuda con la institución. La norma­tiva es muy clara: ninguna institu­ción puede retener documentación de los chicos por falta de pago.”