“Estamos con las manos atadas. Habría sido más fácil hacer una revolución y fusilar a los enemigos”.
Quien habla de esta manera no es alguna figura marginal de la ultraizquierda boliviana, sino uno de los funcionarios más importantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidad encargada de arbitrar los comicios nacionales del 2014.

Se trata de Juan Carlos Pinto, persona estrechamente ligada al vicepresidente Álvaro García Linera, con quien integró la banda terrorista del EGTK. Pinto preside el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), el brazo del TSE encargado de la difusión e información, por lo tanto una de las áreas estratégicas de comando en el Órgano Electoral.

En una entrevista brindada a un medio argentino, además de revelar sus inclinaciones fusilatorias acusaba a la prensa y a la Iglesia de hacerle oposición al régimen de Evo Morales.

Decía también que la meta de su grupo es “el comunismo”, para lo cual, señalaba, es necesario que “el Estado sea nuestro” (del Movimiento Al Socialismo). Agregaba jubilosamente que ya “2/3 del país están bajo el poder del MAS”.

El caso de Pinto es sintomático del nivel de alineamiento político-ideológico del Órgano Electoral con el oficialismo, y aún con sus sectores más radicales. Con lo cual se explica por qué el TSE insiste en plantear sanciones contra los opositores que hagan campaña temprana, pero no mueve un dedo ante el descarado proselitismo presidencial.

Otra muestra sería el vicepresidente del Tribunal, Wilfredo Ovando, quien tuvo activa presencia en la campaña de reelección de Morales en el 2009, existiendo fotografías que lo muestran junto al presidente en mítines realizados en el bastión cocalero del Chapare.

Todo lo cual indica que, más que un árbitro comicial, tendremos un "pelotón de fusilamiento electoral"

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